Durante la madrugada del 6 de septiembre de 2013 fueron puestos en libertad bajo caución Gustavo Ruiz Lizárraga, Pavel Alejandro Primo Noriega, Omar Beristáin Montiel, Juan Daniel Velázquez Peguero, Gonzalo Amozurrutia Nava y Gabriel Carrión Soto. Los cargos que aún enfrentan son los de ataques a la paz pública, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares.
Nuestro compañero Gustavo Ruiz, fotógrafo de la Agencia Subversiones, fue detenido durante las manifestaciones del 1 de septiembre de 2013 en las inmediaciones del metro San Antonio Abad mientras documentaba con su cámara la detención de manifestantes a cargo de la policía capitalina.
Además de Gustavo, fueron detenidos Pavel Alejandro Primo Noriega, reportero de Multimedios Cronopios y Estela Morales, reportera de Regeneración Radio, así como 13 personas más. Nuestros compañeros fueron llevados al Ministerio Público de Milpa Alta, en donde permanecieron casi 48 horas detenidos. Para una primera posibilidad de libertad bajo caución se les impuso una fianza de 23,476.12 pesos, a pagar dentro del plazo constitucional de 48 horas antes de ser consignados a algún reclusorio (esto en cuanto al caso de los detenidos en esta demarcación, los detenidos en otros Ministerios Públicos alcanzaron su libertad o se les fijó un monto distinto para su fianza, y al no cubrirla también fueron consignados). Este plazo no se cumplió, pues la fiscal correspondiente, la licenciada Teresita Alonso, decidió acortar el plazo arbitrariamente. Las fianzas fueron pagadas dentro del plazo constitucional, sin embargo, debido a esta reducción de tiempo no fue posible lograr su liberación. Los funcionarios del Ministerio Público de Milpa Alta argumentaron que no habían recibido dichos pagos y que tenían orden de trasladar a nuestros compañeros al Reclusorio Sur.
Aunque en el caso de los detenidos en Milpa Alta, entre ellos Gustavo Ruiz, la fianza fue pagada, el juez decidió no aceptar los billetes de depósito e incrementarla hasta alcanzar un monto de 126,660 pesos para todos los consignados a reclusorio. Violando otro derecho constitucional, inicialmente el juez cívico de delitos no graves, licenciado Fausto Agustín Favela Ayala, no permitió pagar la fianza a través de una aseguradora y exigía que el monto de la caución se pagara íntegramente como condición para conseguir la libertad de los 7 detenidos.
El 4 de septiembre de 2013 nuestros compañeros tuvieron su primera audiencia en el juzgado 23 de delitos no graves, misma que fue suspendida por diversas protestas ocurridas en el exterior del juzgado. Sólo se fijaron los montos de las fianzas de dos personas: Gustavo Ruiz Lizárraga y Juan Daniel Velázquez Peguero. La toma de declaraciones del resto de los detenidos se llevó a cabo en un ambiente de total ilegalidad, sin la presencia de sus abogados y con la imposición de una defensoría de oficio. Los compañeros detenidos se reservaron el derecho a declarar, pero les fueron asignadas las altas fianzas mencionadas anteriormente. Queremos hacer hincapié en que estos procedimientos, hasta no ser aclarados, violan el debido proceso a que tiene derecho cualquier detenido.
Ese mismo día, luego de un aparente cambio de opinión por parte del juez para aceptar, ahora sí, las pólizas de aseguradora, se pagaron 15,800 pesos por cada detenido. La única excepción se produjo cuando el juez, mostrándose inflexible, no aceptó la modalidad de pago a través de aseguradora en el caso de Jessie Alejandro Montaño. Durante la madrugada del 6 de septiembre, rompiendo nuevamente los plazos para su liberación, 6 de los 7 detenidos salieron del penal, escoltados por custodios armados y esposados casi hasta la última reja. Este trato resulta denigrante y excesivo para los periodistas y manifestantes, detenidos bajo cargos menores, pues ni siquiera detenidos de alta peligrosidad son tratados de esa forma.
Al exterior los esperabamos familiares, amigos y compañeros de trabajo. El recibimiento fue muy emotivo y calmó la intranquilidad que sufrían las familias.
Lejos de acabar aquí, el proceso jurídico contra nuestros compañeros sigue abierto. A decir de Leopoldo Maldonado, abogado de Gustavo Ruiz asignado por la organización Artículo 19, el panorama se mira de la siguiente forma “El plazo constitucional para dictar el auto de formal prisión se vence a las 00:20 hrs de este sábado 7 de septiembre y en el caso de Gustavo será a las 00:20 hrs del día martes 11 de septiembre, debido a que se solicitó la duplicación del plazo. En general es muy probable que se dicten los autos de formal prisión, ya que el juez actuará con base en un criterio subjetivo y le dará mayor credibilidad a los señalamientos hechos por los policías pese a que no hay modo de comprobarlos.” En este sentido, Maldonado explicó que “para el caso de Gustavo Ruiz, tomando en cuenta la duplicación del plazo, presentaré fotografías, videos, testigos y acreditaciones con las que él cuenta, es complicado afirmar que no se dictará el auto de formal prisión, pero hay que agotar todos los recursos para demostrar que no hay ni siquiera posibilidad de corroborar los dichos de los policías, quienes señalan al fotógrafo y reportero como responsable de los delitos imputados”. Sobre los demás compañeros liberados, el abogado explicó que “seguirán su proceso penal con la defensa asignada por ellos o con un juicio sumario que duraría aproximadamente 4 meses, o bien con un proceso normal en donde no hay una temporalidad definida. También tendrán la posibilidad de presentar pruebas y testigos y agotar los recursos a los que tienen derecho”.
En el caso de Jessie Alejandro Montaño el dinero de su fianza ya se recolectó y están en trámites los papeles que le permitan continuar con su proceso en libertad.
Reiteramos que nuestro compañero Gustavo Ruíz fue detenido de forma injusta, arbitraria e ilegal, ya que no cometió ningún delito. Los cargos de ataques a la paz pública, contra el ejercicio legítimo de la autoridad y resistencia de particulares que se le imputan son completamente falsos, y así lo demuestran las múltiples pruebas a su favor. Afortunadamente, Gustavo pudo grabar en video su propia detención, y existen numerosas fotografías de las marchas en donde siempre aparece con su cámara, realizando su labor periodística.
Denunciamos que nuestro compañero sufrió un trato de violencia brutal por parte del Cuerpo de Granaderos (Unidad A4501) durante su detención y traslado, presentando varias contusiones, y que su material de trabajo –cámara fotográfica- quedó dañado por la autoridad. Asimismo ponemos el acento en las distintas violaciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal resultantes de otros procesos penales ocurridos luego de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 y el 10 de junio de 2013, con lo que se demuestra que no hay voluntad del gobierno para cumplir los compromisos que se declaran públicamente.
También denunciamos que los abogados de nuestro compañero Gustavo, pertenecientes a la organización Artículo 19, no pudieron verlo antes de rendir su declaración preparatoria tal y como lo marca el código penal vigente.
Como medio de comunicación, reivindicamos nuestro derecho a informar lo que sucede en la calle y condenamos la persecución a periodistas independientes, especialmente durante las marchas y protestas, así como el exceso de poder que practica la policía capitalina contra los ciudadanos que sólo se encuentran informando sobre lo que sucede. Este ejercicio de violencia excesiva no sólo atenta contra nuestro derecho de informar a la ciudadanía, sino contra el derecho de toda la sociedad a recibir una información veraz, no manipulada y que muestre los excesos del Estado.
Exigimos que se ponga fin a todo tipo de acoso, amenazas, hostigamiento e intimidación en contra de los periodistas y de los ciudadanos que expresan su opinión y se manifiestan de forma pacífica. Así mismo, pedimos que se garantice la seguridad física, psicológica, emocional y jurídica de todas aquellas personas detenidas el 1 de septiembre, así como su inmediata y absoluta libertad.
