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  • Ecuador: Arrest of Ola Bini, prominent Swedish software developer

    Ecuador: Arrest of Ola Bini, prominent Swedish software developer

    ARTICLE 19@article19org

    https://www.article19.org/resources/ecuador-arrest-of-ola-bini-prominent-swedish-software-developer/

    ARTICLE 19 reacts to the arrest of Ola Bini, a prominent Swedish software developer and open source advocate, in Quito on 11 April 2019.

    On 11 April 2019, Ola Bini, a prominent Swedish software developer and open source advocate, was arrested at the Quito airport, prior to travelling to Japan. Bini has been legally living and working in Ecuador since 2013.

    In the official statement on 13 April, the General Prosecutor of Ecuador stated that Bini was charged for “alleged participation in the crime of assault on the integrity of computer systems” and attempts to destabilise the country. On the day of the arrest, Ecuadorian Government officials announced they were about to take measures against four individuals describing them as, “two Russian hackers, a WikiLeaks collaborator and a person close to Julian Assange,” claiming that these people were allegedly trying to “establish an international piracy centre” in Ecuador.

    As an evidence, the General Prosecutor presented a number of digital devices, such as laptops, iPads, iPods, USB cables, and encrypted USB data storage devices, literature as well as travel patterns and payments for Internet services.

    ARTICLE 19 is concerned that the arrest and illegal detention of Ola Bini is part of a crackdown against the community of developers who build digital security technology tools which enable Internet freedoms and secure communication online.

    Bini is a highly respected expert in digital security and cryptography and is recognized for major contributions in the field. He is a member of various European and international networks, and participates in high-level projects several of which are sponsored by the European Commission.

    We note that digital security technologies, including encryption technologies, are important tools to ensure Internet freedom: they provide vital protections for media workers and whistleblowers and have been recognised by, for example the 2016 Human Rights Council Resolution 33/2 on the Safety of Journalists as a means of securing journalists’ communications and the confidentiality of sources.

    Given the importance of digital tools for Internet freedoms individuals developing digital security tools – such as Ola Bini – should not be criminalised. We therefore call on the Government of Ecuador to immediately and unconditionally release Ola Bini and to drop all charges against him.

    We also urge the Government of Sweden, a champion of the Internet freedoms and protection of freedom of expression online, and the EU External Affairs services to support the efforts for Bini’s release and protect him against retaliation.

    #JulianAssange #Wilikeaks #FreeJulianAssange #FreeAssange #FreeSpeech #OlaBini


  • Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno por el asesinato del compañero Rolando Crispín López

    Pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno por el asesinato del compañero Rolando Crispín López

    Al pueblo binnizá de la Colonia Álvaro Obregón, Oaxaca

    A los pueblos originarios del Istmo

    A las redes de apoyo al CIG

    A la Sexta Nacional e Internacional

    A los medios de comunicación

    El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno condenamos el asesinato del compañero Rolando Crispín López, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la Asamblea Popular de Álvaro Obregón,; municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; cuando el pasado 22 de julio, luego de terminar su turno de servicio como policía comunitario de su comunidad, fue cobardemente asesinado por una persona encapuchada, al parecer policía municipal de Juchitán, quien desde un mototaxi disparó y asesinó al compañero.

    El asesinato de Rolando es parte de la ofensiva emprendida por los gobiernos y las empresas trasnacionales en contra de la comunidad binnizá de La Colonia Álvaro Obregón, que con dignidad y determinación defiende su territorio ante la invasión y destrucción por parte de los megaproyectos eólicos.

    Alertamos de la embestida represiva paramilitar que se vive en varias geografías del México de abajo, el que se resiste y se rebela contra el despojo, donde lejos de los festejos de arriba, seguimos creciendo con nuestros muertos el luto y la rabia.

    Justicia para el compañero Rolando Crispín López

    Justicia para los pueblos originarios del Istmo

    Atentamente

    Julio de 2018

    Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

    Nunca Más Un México sin Nosotros

    Congreso Nacional Indígena

    Concejo Indígena de Gobierno


  • México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

    https://desinformemonos.org/mexico-proyecto-ley-seguridad-interior-supone-riesgo-los-derechos-humanos-rechazado-advierten-expertos-expertas-la-onu/

    #Mexico #LeyDeSeguridadNacional #Desinformemonos #ONU

    15 diciembre 2017

    Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

    “Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.

    “El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

    “No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

    “El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.

    El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

    “Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

    Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

    El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

    En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

    Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.

    *Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

    Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.