24 de agosto del 2013.
Hemos recibido información sobre acontecimientos graves sucedidos en Chenalhó, Chiapas, lo que nos hace presumir que el Estado y los paramilitares liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación están preparando un nuevo crimen similar al de Acteal.
Hechos:
Acaba de ocurrir un desplazamiento forzado de 70 personas del ejido Puebla, según información recibida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el día de ayer, en el ejido Puebla, Chenalhó, por el clima de violencia que ocurre en la zona por las agresiones, amenazas y hostigamientos que ya están llevando a cabo todos los paramilitares delincuentes de alta peligrosidad liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello ha ocasionado el desplazamiento forzado de 12 familias (70 personas) que actualmente están ubicadas de manera provisional en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Algunas de ellas llegaron enfermas. Actualmente, en el ejido Puebla, todavía se encuentran en riesgo tres familias católicas más (23 personas) que se quedaron en la comunidad, así como otras familias que practican la religión bautista y pentecostés, quienes también decidieron quedarse en el ejido Puebla y que ya están siendo amenazadas.
Las personas que amenazan y hostigan son los conocidos paramilitares acusados y sentenciados por la masacre de Acteal (en la cual se perpetró el asesinato de 45 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas), a quienes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió liberar mediante una polémica resolución hace algunos meses. Hoy se vuelve patente que esta decisión del máximo tribunal del país tuvo como consecuencia y posible propósito devolver a los paramilitares su autoridad local para seguir atacando y aterrorizando a la población de Chenalhó con total impunidad.
Ante los hechos y por la extraordinaria gravedad de la situación, el Comité de Garantes y la Secretaría Operativa del Capitulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos hacemos un llamado Urgente para que:
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Primero: se inste a las autoridades competentes para que sea restablecido el Estado de Derecho, se hagan valer los derechos de los afectados por la incursión de paramilitares en el ejido Puebla y se sancione a los responsables.
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Segundo: se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la integridad física, psicológica y moral, personal y colectiva, de los desplazados, brindándose de inmediato toda la atención que estas personas requieren para garantizar su seguridad y su acceso a la justicia.
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Tercero: se proteja y garantice la integridad y seguridad personal de las familias de Manuel Cruz, Gustavo Sántiz y Francisco López y demás familias que aún se mantienen dentro del ejido Puebla.
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Cuarto: se cumpla con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la comunidad y sus habitantes, de conformidad con al artículo 1º constitucional que vincula a todas las autoridades del Estado mexicano.
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Quinto: se apliquen en todo momento y de manera estricta los principios y reglas de Derecho Internacional que comprometen a las autoridades del Estado mexicano en materia de desplazamientos internos y de derechos humanos en general.
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Sexto: como parte la reparación integral de los agravios a que tienen derecho las víctimas de Acteal y con el propósito de prevenir violaciones graves de los derechos de los habitantes del ejido Puebla y las localidades vecinas de Chenaló, se garantice la no repetición de los actos.
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Séptimo: se otorguen medidas cautelares a favor de los desplazados dados los antecedentes de violaciones graves de derechos en el caso Acteal y las coincidencias con la situación actual, así como por el carácter urgente de la intervención derivado del peligro real en que se encuentran los habitantes del ejido Puebla.
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Octavo: se denuncien la impunidad, el sesgo y los objetivos políticos de la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidieron la liberación de los paramilitares responsables de la matanza de Acteal.
El Comité de Garantes y la Secretaría Operativa del Capitulo México convocamos a la plataforma de organizaciones e individuos participantes dentro del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, así como a las organizaciones y personalidades internacionales que están colaborando con esta iniciativa popular a que, a la mayor brevedad, envíen sus llamamientos a:
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Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
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Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación Bucareli 99, 1er. Piso, Col. Juárez, Del.Cuauhtémoc C.P. 06600 México D.F. Fax: (52 55) 50933414, correo: secretario@segob.gob.mx
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Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de DerecHos Humanos, Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, delegación Magdalena Contreras, C.P. 1022, México, D.F.; teléfonos: 5556818125 y 5554907400; correo: correo@cndh.org.mx
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Juan N. Silva Meza, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pino Suárez 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P 06065, México, D.F.; teléfono: 5541131000 , correo: mbaez@suprema.gob.do
http://www.tppmexico.org/accion-urgente-chenalho-chiapas
