http://desinformemonos.org/2014/09/nos-quieren-condenar-a-desaparecer-mario-luna-desde-la-carcel/
En entrevista con medios libres, el vocero yaqui se vuelca a explicar el desorden y la corrupción que imperan en el manejo del agua en Sonora; denuncia a la camarilla del gobernador Padrés por especular con el líquido, y describe la campaña de odio desatada contra su pueblo.
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Hermosillo, Sonora. En el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 2, Mario Luna se concentra en denunciar, en entrevista con los medios libres, todas las irregularidades que enmarcan la construcción y operación del Acueducto Independencia, y que son el contexto de su detención.
El secretario de la autoridad tradicional yaqui sostiene que el gobierno estatal mantiene engañada a la gente y la enfrasca en una guerra contra los yaquis, mientras “ellos gozan de los beneficios y la explotación de los recursos naturales, y llegan incluso a someter a tandeos a una población que tiene sed”.
“Mi detención tiene que ver con el clima político que prevalece en el estado de Sonora; es prácticamente un linchamiento político de parte de Padrés. Hay también el propósito de distraer de cosas graves que han salido a la luz en estos días, por un lado, la contaminación del río Sonora, que es un problema muy grave porque la limpieza de esa agua puede tardar hasta 50 años. También está el destape de la presa privada de Padrés, que nos lleva a pensar en el desorden de la cuenca del río Sonora, en la que existen más de 800 represas construidas ilegalmente y que son las que impiden el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo”.
El vocero yaqui, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de auto cometidos por dos o más personas, denuncia que en los últimos años, Padrés y sus allegados construyeron un emporio en Sonora gracias a los afluentes de la cuenca y del río Sonora. “Prueba de ello es esa presa privada donde almacena mil millones de metros cúbicos de agua, a la que Padrés llama represo”. El autoridad tradicional yaqui especifica que un represo debe almacenar menos de mil metros cúbicos del líquido. “La diferencia es abismal. Además no existe registro de su existencia ni de trámite alguno para que sea legal, y por si fuera poco, hay muchos políticos -además de Padrés- que también tienen sus represos particulares”, denuncia.
Luna Romero, uno de los rostros más visibles de la resistencia al Acueducto, considera que el conflicto que mantienen para defender su río “nos vuelve a colocar como tribu en el deber de exigir que se cumplan los acuerdos de Bucareli, firmados por la tribu yaqui y el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, el representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobernador del estado de Sinaloa, en el que se contempla el reordenamiento de la cuenca del río”.
El reordenamiento de la cuenca consiste en: revisar que todas las obras hidráulicas cuenten con su estudio de impacto ambiental, que estén debidamente construidas, y que sean de interés público, detalla el yaqui. Implica que se reparen las fugas, y afectará únicamente a los agricultores que riegan sus cultivos con el agua más cara, agua tratada, potable y para consumo humano. “Esta potabilización del agua, que termina siendo destinada para el riego, es costeada actualmente por los usuarios de Hermosillo, lo cual es una violación a la ley de aguas nacionales que indica que debe ser destinada al consumo doméstico”, especifica.
“Es importante señalar que el agua retirada a los yaquis no abastece ni al 20 por ciento de la población de Hermosillo; sin embargo, debido a la falta de legalidad en cuestión de las represas particulares, 4 mil millones de metros cúbicos de agua se pierden en malos manejos, lo que equivale a cinco veces más de la capacidad de abastecimiento de la ciudad”, valora Mario Luna, quien ha llamado a que no se abandone la lucha contra el Acueducto al pelear por su libertad.
Luna Romero explica que, además de la contaminación del río, las obras hidráulicas ilegales, el no cumplimiento de los acuerdos con la tribu -en los que ya se vencieron los tiempos de Semarnat para presentar el peritaje antropológico y el estudio del gasto mínimo ecológico, entre otros-, dos grupos luchan por esa agua: “Por un lado, el grupo camarilla del gobierno del estado, y por otro, empresarios tradicionales arraigados en Sonora”.
El yaqui acusa que la campaña de “odio racial” que el gobierno lanzó, con la ayuda de algunos medios de comunicación, manifiesta ya su impacto, “al imponer un criterio coloquial del ser ‘sonorense’ sobre el ser yaqui. El mismo procurador dice que somos indígenas pero también sonorenses, y que la ley de Sonora se impone a cualquiera”. Para Mario Luna, es una muestra de lo poco que los legisladores locales están dispuestos a hacer valer los derechos indígenas.
Luna agrega que el gobierno argumenta que el beneficio a la población de Hermosillo será mayor en comparación con el daño a poblaciones menores, “lo que es una ponderación injusta”, mientras “en nuestros ocho pueblos no hay agua potable, solo el 30 por ciento de la población tiene agua entubada y el resto le hace como puede, toma agua de riego con químicos y fertilizantes o hacen perforaciones particulares, donde extraen también agua contaminada por químicos y hasta por heces fecales”.
Justicias enfrentadas
Los gobiernos partidistas “quieren imponer su sistema de justicia occidental al que ha regido en nuestros pueblos ancestralmente”, explica. “Siguen abrogando, validando o invalidando el derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades. Menosprecian nuestra capacidad de dirigir nuestros propios destinos”. Autoridades tradicionales de Vicam se hicieron responsables por los actos de los que se acusa a Luna Romero, y explicaron que se trata de aplicación del derecho propio, no de delitos, pero el juez que lleva el caso no validó sus testimonios y dictó formal prisión al secretario yaqui –que carece de poder para ordenar tales procesamientos judiciales, pues sus funciones son de vocería.
Los gobernantes partidistas y los medios de comunicación “nos dicen que es más importante el derecho al libre tránsito, que el derecho a exigir justicia y a la vida, omitiendo que ya agotamos todas las instancias legales para que se haga valer nuestro derecho”. Para Luna, este tipo de acciones, con la complacencia del gobierno federal, son otra prueba más del exterminio al que quieren someter a su tribu, “porque alterar nuestro entorno y obligarnos a migrar es condenar a la tribu yaqui a desaparecer”.
